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Es indudable que el mal principal que genera la corrupción, se ve afectada directamente en toda una población por la falta de acceso a los recursos básicos que permiten el derecho a una vida digna. Los casos de corrupción se extienden a casos de violaciones de derechos humanos al momento que vulneran las garantías mínimas enmarcadas en la Convención Americana de DDHH. Recientemente se han visto numerosos casos de corrupción desfilando por los Tribunales de Justicia del país; de los cuales muchos imputados han salido bien librados de sus acusaciones, alegando, a pesar de su indudable involucramiento, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario dentro de las raquíticas paredes de los órganos operadores de justicia en Honduras.

No pretendo hacer ver como que si el principio de presunción de inocencia debe de quedar rezagado en un segundo plano, al contrario, es una garantía protegida en la propia Constitución de la República en los artículos 89 y 82, donde se asegura el derecho de defensa, el cual es inviolable. En los procesos judiciales, de la mano con los imputados está el derecho de defensa y presunción de inocencia. Resaltando este último, en los emblemáticos casos de corrupción, sin embargo, estos procesos se deben de realizar sin olvidar la existencia del derecho a la verdad que ostentan las víctimas y familiares de estos hechos, quienes, en casos de corrupción, somos toda la población.

La jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apoyada en distintos informes e instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha colocado el derecho a la verdad como una garantía establecida tanto en la Declaración Americana como en la Convención Americana. La CIDH y la CorteIDH han sostenido que el derecho a la verdad se vincula directamente con los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Declaración Americana

Existe una doble dimensión cuando hablamos de la verdad, ya que no reconoce solamente el derecho de las víctimas a saber la verdad de los hechos, sino también el derecho de conocer a todos los actores involucrados en el hecho. Esto obliga al Estado a garantizar no solo el acceso a la información, sino también la debida investigación y el debido proceso judicial a los involucrados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente, ha sostenido que el derecho a la verdad se extiende a toda la sociedad de manera irrenunciable para conocer la verdad de lo ocurrido así como las razones por las cuales se dieron los hechos, con el fin de poder evitarlos a futuro.

Las crisis sociopolíticas que se han dado en el país en la última década van de la mano con la falta de esclarecimiento de los hechos ocurridos, sobre todo en materia de corrupción. Los hondureños, en especial los jóvenes, tenemos el derecho a saber la verdad de lo ocurrido. Con tantos casos de corrupción ventilándose en los tribunales de justicia y los que están por venir, pareciera que tantos sobreseimientos a imputados nos dejan solamente una verdad a medias y no una verdad que nos ayudará como país a dejar esas malas prácticas en el pasado.

La lucha contra la corrupción debe de ser permanente, respetando las garantías procesales, incluyendo el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los imputados. Sin embargo, de la misma manera, los órganos operadores de justicia tienen la obligación de decirnos la verdad. No deben quedarse de brazos cruzados en su afán de buscar culpables.

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Guillermo Enrique Montes Cárcamo con 23 años es Abogado egresado de UNITEC. Fue Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho en 2018. Se ha certificado como Secretario, Conciliador y Árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Desde hace muchos años ha participado en múltiples capacitaciones a nivel nacional e internacional sobre temas de liderazgo, diplomacia, política internacional, marcas políticas, branding y campañas electorales en Alemania, Ecuador y Estados Unidos con instituciones como la Fundación Friedrich Naumann (FNF), Alianza para Centroamerica, Swedish International Liberal Centre (SILC), Academia Liberal para América Latina y Global Young Leaders Conference. Sus experiencias le han ayudado a formarse el criterio de que la libertad es la clave para el desarrollo y la prosperidad. Actualmente busca seguir preparandose profesionalmente y también ser una voz que luche para alcanzar la libertad en Honduras y en Centroamerica.

Guillermo Montes
Guillermo Montes

Guillermo Enrique Montes Cárcamo con 23 años es Abogado egresado de UNITEC. Fue Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho en 2018. Se ha certificado como Secretario, Conciliador y Árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Desde hace muchos años ha participado en múltiples capacitaciones a nivel nacional e internacional sobre temas de liderazgo, diplomacia, política internacional, marcas políticas, branding y campañas electorales en Alemania, Ecuador y Estados Unidos con instituciones como la Fundación Friedrich Naumann (FNF), Alianza para Centroamerica, Swedish International Liberal Centre (SILC), Academia Liberal para América Latina y Global Young Leaders Conference. Sus experiencias le han ayudado a formarse el criterio de que la libertad es la clave para el desarrollo y la prosperidad. Actualmente busca seguir preparandose profesionalmente y también ser una voz que luche para alcanzar la libertad en Honduras y en Centroamerica.

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