Coautores: Esly Talo, Denilson Gómez, José Irizarry y John Rosa
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La violencia doméstica es uno de los temas pendientes a superar por la mayoría de países latinoamericanos. Esta acción de maltrato que incluye agresiones físicas, violencia sexual, ofensa emocional y comportamientos controladores y dominantes ha empeorado en medio del confinamiento para evitar la propagación del COVID19, donde las víctimas están en una posición desigual con sus agresores.
Por ende, hablar de esta temática en los países hispanohablantes se torna sumamente relevante en este momento histórico, ya que un claro ejemplo es Argentina, donde Ministra de la Mujer en Argentina, Estela Díaz, indica que para para el 16 de abril se reportan al menos 180 hombres detenidos por violencia doméstica, todos hacia la mujer en una tan solo ciudad.
Por otra parte en el caso de la isla de Puerto Rico abarcando el periodo del 15 de marzo al 15 de abril ha habido 576 querellas por violencia doméstica, esta condición no suele tener solo agresiones. Otro ejemplo es Colombia que tristemente de lo que lleva del toque de queda ha tenido un aumento de un 91% de llamadas a la línea 155 de mujeres para denunciar tal problema de acuerdo con el observatorio Colombiano de las Mujeres y en el caso de Chile la ministra de la mujer y equidad de Género en Chile hubo un aumento de 71% de violencia interfamiliar la última quincena de marzo cuando las familias practicaban distanciamiento social.
Claramente este desglose de la violencia de género es el patrón que se evidencia en la violencia doméstica tras la cuarentena, y los datos indican que existe una enorme brecha en la capacidad de respuesta por parte de los gobiernos, dejándonos como conclusión que el sistema judicial de cada uno de los países no está respondiendo ante esta otra crisis de violencia doméstica.
Es importante resaltar que la convivencia intrafamiliar siempre ha estado presente en cada hogar, la gran diferencia para que los índices de violencia doméstica estén incrementando paulatinamente se debe al tiempo en que las familias están conviviendo, psicológicamente los niveles de estrés aumentan cuando se presentan situaciones aledañas a la cotidianeidad de los seres humanos, como por ejemplo el desempleo, contacto con el exterior, entre otros.
ONU Mujeres propone ciertas medidas que pueden ser aplicadas en los países y por ende en el funcionamiento de sus sistemas judiciales, entre ellas:
adaptar y cumplir las leyes, crear planes nacionales y locales de acción y hacer que la justicia sea accesible para los grupos vulnerados.
Para asentar la investigación, debemos analizar las obligaciones del estado con las víctimas de violencia domestica que viven con sus agresores –en primer lugar- y en segundo lugar las víctimas de violencia domestica que no viven con sus agresores pero sí experimentan un tipo de violencia:
Nuestras propuestas para los Estado Hispanohablantes, en el caso de las mujeres que viven con sus agresores, el Estado debe considerar:
- Facilitar mecanismos de comunicación adecuados: En esta situación de cuarentena en primer lugar deberían de existir formas eficaces de denuncia. Deberían de ponerse a disposición de la ciudadanía, teléfonos, redes sociales o medios efectivos de comunicarse sobre qué hacer en caso de que las mujeres estén experimentando una situación de violencia en sus hogares.
- Facilitar Casas Refugio: En este periodo de cuarentena si una mujer denuncia a las autoridades ser víctima de violencia doméstica, se debería generar espacios conocidos como “casas refugio”. Es responsabilidad del Estado a través de su administración pública nacional dotar de suficientes casas refugios donde las mujeres puedan ser trasladas con sus hijos en casos de experimentar violencia doméstica en un nivel altísimo de riesgo.
- Garantizar a las mujeres se les tiene que asegurar el acceso a la justicia: Tiene que informarse a la población en general que el Estado no va a tolerar la violencia y decirles a las mujeres que deben tener la certeza que no serán recluidas por la policía por el “toque de queda”. Por ende, se debe proceder al aislamiento del agresor y darle un seguimiento a la denuncia.
- Especialización del recurso humano: Esto se refiere a que la policía, autoridades y agencias que trataran con las mujeres víctimas de violencia, deben de ser expertas en la materia, porque esto asegura que la mujer sea tratada con la dignidad acorde y no será re-victimizada.
Sin embargo, analizamos el caso de las mujeres que NO viven con sus agresores, en un mismo espacio físico, esto se da cuando ex parejas que se han separado, sin embargo hay hijos en común, al igual que derechos y obligaciones en común.
Pero, muchos hombres han utilizado el pretexto de la cuarentena para incumplir las obligaciones de alimentos, generando violencia económica y psicológica a la mujer, porque es muy común que el hombre deje de cumplir con sus obligaciones financieras. También hemos encontrado casos donde el padre han obligado a la madre a entregarlo a los niños y no se los han devuelto con la excusa de estar en cuarentena y el objetivo es quedarse con los hijos para torturar a la madre, produciendo violencia psicológica.
Por consecuente creemos que no deja de ser una obligación que los estados latinoamericanos y sus jurisdicciones promuevan el cumplimiento de su responsabilidad de y garanticen un trato dignificante a los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de su territorio en este tiempo de crisis.
