Era un 23 de noviembre del 2018, oscilaban las 10 de la mañana, pasado unos minutos, en el aeropuerto de Miami, Florida, en específico la sala D, puerta 2, donde hacia escala desde Texas para tomar el vuelo 961 con destino a Tegucigalpa Juan Antonio “Tony Hernández”, fue puesto en custodia por agentes de la DEA, dirigido por el agente Sandalio González, quien de inmediato lo transfirió a un cuarto especial para interrogarlo, donde el agente González dio lectura a su orden de arresto y bajo qué cargos lo hacía, siendo estos brindar testimonio falso y tráfico de drogas.
Con lo que respecta a brindar testimonio falso, Tony Hernández se presentó voluntariamente ante la DEA en el año 2016 para negar cualquier nexo con el narcotráfico, puesto que en un video presentando por Devis Leonel Rivera Maradiaga “exjefe de los Cachiros”, se observa a ambos reunidos en un restaurante capitalino, donde la fiscalía revelo que tal reunión versó sobre lavado de dinero a través de una empresa de fachada que había suscrito contratos con el gobierno.
En relación al delito de tráfico de drogas y armas, nos remite al 2 de octubre de 2019, día en que da inicio el juicio contra Tony Hernández, donde surgieron importantes detalles sobre sus actividades ilícitas y sus vínculos con grupos de narcotráfico de Colombia, Honduras y México, incluyendo a Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado como uno de los capos más notorios de todos los tiempos.
Dentro del sistema de justicia penal de los Estados Unidos, diferenciamos un sistema ordinario o Estatal, donde es cada Estado a través de sus Cortes de Distrito y su sistemas de leyes penales, regido por principios generales quienes resuelven conforme a derecho los casos presentes bajo su jurisdicción, esto significa que cada Estado tiene competencia en su esfera espacial de validez de su ordenamiento jurídico, pero cuando los delitos imputables a una persona versen sobre narcotráfico, crimen organizado, delitos financieros, fraudes a gran escala y aquellos delitos en que existe un interés federal especial, como ser, los cometidos contra funcionarios federales, será competente a conocer de tal causa el gobierno federal.
Es por ello que el juicio se lleva a cabo en la Corte Federal de Manhattan, acusado por la fiscalía del distrito sur de New York, cuando tras finalizar la primera audiencia, tras las declaraciones anteriormente expuestas, el presidente Juan Orlando Hernández, emite un comunicado de prensa, donde niega las acusaciones de forma reiterada y ha dicho que ex narcotraficantes que han testificado en el juicio mienten y buscan vengarse de él porque promovió leyes de extradición a Estados Unidos y llevó a cabo una dura lucha contra el narcotráfico.
Pero el fiscal estadounidense, Emil Bove, dijo que ninguno de los cinco extraficantes que han testificado fue extraditado a Estados Unidos desde Honduras. Agregó que se entregaron o fueron extraditados desde Guatemala. En la jornada de conclusiones, Bove también numeró los sobornos que el presidente de Honduras y otros altos funcionarios supuestamente recibieron durante varios años de parte de traficantes de drogas.
En el desarrollo posterior de las audiencias en relación a las acusaciones de conspirar para transportar drogas a Estados Unidos, porte ilegal de armas, y de usar armas y dispositivos destructivos, el fiscal Bove afirmó que “Tony” Hernández comenzó sus vínculos con el narcotráfico en 2004, ofreciéndoles datos de seguridad que les permitieran evadir a las autoridades. Esta información estaba relacionada con el funcionamiento de los radares para detectar vuelos, así como sobre la ubicación de los retenes de control de las autoridades en las carreteras.
En relación a lo anterior y tras las declaraciones de 5 ex narcotraficantes y 2 agentes de la DEA, la evacuación de pruebas, la deliberación del jurado, produjo un aura de tensión, donde una parte de la población declaraba la culpabilidad de Tony y condenaba al gobierno por sus nexos con el narcotráfico y por otra parte un segmento de la población reiteraba su apoyo incondicional al presidente Juan Orlando Hernández.
Lo inesperado por pocos y lo esperado por muchos pasó, la Corte Federal de Manhattan, el viernes 18 de octubre de 2019, declaró como culpable las acusaciones realizadas por la fiscalía del distrito sur de New York en contra de Juan Antonio Hernández por los delitos de conspiración para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspiración para posesión de armas y falso testimonio.
Que un tribunal en Estados Unidos condene por narcotráfico a un ciudadano de algún país latinoamericano no es una noticia infrecuente. Que el reo sea un exdiputado y, además, hermano de un presidente que se encuentra actualmente en ejercicio del cargo, sí lo es.
“La condena confirma que Honduras se encuentra en una situación precaria ante la presencia del crimen organizado. El país se ha constituido en un narcoestado, especialmente en un período de diez años casi desde el golpe de estado de 2009″, le dice a BBC Mundo Manuel Orozco, analista de Diálogo Interamericano, un centro de estudios con sede en Washington.
Bajo estas condiciones la democracia al ser un método de organización política del Estado y un mecanismo de conseguir la concreción real del principio de igualdad en el ámbito social, pierde todo sentido de funcionalidad porque la soberanía no está en manos del Estado o del ciudadano hondureño sino en manos de lo que se llama ‘poderes facticos’, es por ello que la legalidad de la actuación del Estado, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la separación de poderes y el acceso a la justicia se ven mermados.
El flagelo de las instituciones Estatales es el resultado de una estructura hereditaria de grupos arraigados en el poder a través de la creación de comisiones de investigación y la creación de juntas interventoras, de esta forma el ejecutivo tiene el control de la investigación y evade así el sistema de justicia y realiza un quebrantamiento del equilibrio entre los poderes, es por ello la atrofia de su funcionamiento.
Ese veredicto de culpabilidad y los nexos lógicos de relación con la persona que ostenta la primera magistratura crean fronteras imprecisas, se evidencia en el país el falso fortalecimiento institucional del Estado de Derecho, fundamentalmente en materia de lucha contra la corrupción.
La clase política ha cercado las instituciones del sistema de justicia, bajo una distribución de cargos dentro de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Publico, Tribunal Superior de Cuentas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional; creando así mecanismos viciados en la investigación y enjuiciamiento de nuestros gobernantes, esto lo podemos observar a diario en la considerable cantidad de denuncias en medios de comunicación, de servidores públicos actuando en impunidad, puesto que existe evidencia de los hechos, manejo público del caso, ineficiencia en las autoridades competentes en la investigación, acusación y enjuiciamiento y por la ausencia de resultados.
Basado en estos procesos de “transición”, donde la impunidad predomina, diversos personajes políticos, y recalco “personajes” y no líderes, ya que es un título que les queda grande, y el don de liderazgo se disipa cada día más de ellos, perdiendo la credibilidad del pueblo hondureño y manchando la causa que nos une a todos, llaman a la insurrección para presionar la salida del presidente y su cúpula.
Se ha creado un conflicto ideológico y social, donde el fanatismo, escepticismo y la ignorancia se postulan como principios rectores de ambas caras de la sociedad. Por un lado, los aliados incondicionales del gobierno de JOH, que por la zozobra de perder su trabajo o por la miserable remuneración que reciben, venden su conciencia, su voz, su voto. Por otro lado el pueblo que sale a la calle, con ánimos de lucha, que tiene conglomerado en su ser tristeza, angustia, ira, enojo, sed de justicia o de venganza y que ha reprimido por mucho tiempo; explota como animal, expresando su furia con lo primero que encuentre y dentro de estos mismos están los oportunistas, aprovechando esta ocasión para adquirir mediante procesos ilícitos enseres de los que no disfruta.
Sin embargo existe una parte de la población con verdadera conciencia social, que sale a luchar no contra personas y no por personas, puesto que la causa se ve manchada, luchan por ideales, por principios, por justicia, por igualdad, por equidad, por más amor y menos odio, luchan por dejar un buen legado a las generaciones venideras.
Un pueblo en donde no se hace justicia se la tomará por sí mismos más tarde o más temprano, la nuestra será una justicia tardía, pero sin color político, una justicia sin “líder”, una justicia que nos vuelve participes a todos sin distinción, una justicia que nos devuelva la paz social, la credibilidad en un gobierno, donde los partidos políticos que fungen como mecanismos de acceso al poder no sean utilizados como plataformas de intereses propios, la confianza en el sistema judicial y de investigación, que nos conlleva a la esperanza de un mejor mañana.
La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera. (Horacio
Sergio Enrique Mejía Garcia colaborador para El Milenio, es un joven estudiante de 20 años, que cursa la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). La capacidad de razonamiento y la explotación temprana de su intelecto la recibió becado en el Instituto Tecnológico Taular, acreedor de reconocimientos en declamación, debate y oratoria y especializándose en Derechos Humanos a través de la partición en el programa de Juicios Simulados "Moot Court", organizado por la facultad de Ciencias Jurídicas, desea especializarse en el área de Derecho Tributario y Fiscal, para servir al pueblo hondureño en mejorar el sistema publico fiscal.
