El artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras establece que “la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable…” En base a este artículo, dicha Constitución otorga derechos y garantías que son inalienables para el ser humano dentro de una jurisdicción (en este caso Honduras). Es el derecho que tiene cada uno de ser valorado como sujeto individual y social, en iguales circunstancias, tal y como reza el artículo 60 de esta Carta Magna “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos.” No se trata de una igualdad biológica ya sea por ser mujer u hombre, sino de otorgar el principio de igualdad de proteger y respetar la dignidad del ser humano sin importar género ni condición social, política o económica.
La sociedad en su estructura organizacional, debe de garantizar estos y otros derechos y garantías consagradas en textos constitucionales y tratados internacionales. Una forma de hacerlo es mediante el Estado, mediante el imperio de la ley y la aplicación de la justicia. Es importante mencionar que el Estado es una figura de organización política donde se ejerce el monopolio de la fuerza, regulando conductas en sociedad dentro de una jurisdicción interna, y soberanía internacional. Sin embargo, es también el encargado de garantizar los derechos humanos dentro de la esfera del Estado de derecho, donde exista la división total de poderes públicos, que a su vez sean independientes e imparciales, el imperio de la ley y el goce de derechos y libertades fundamentales. Este debe de responder a las exigencias e intereses de carácter social, en la cual pretende una mayor participación de los individuos y el límite de los poderes públicos, tal como lo establece el Artículo 1 y 2 de la Constitución de la República.
La mayoría de los países del mundo forman parte de distintos tratados sobre los derechos humanos, sometiéndose a una obligación de cumplimiento de estos y adoptando en sus legislaciones o normativas internas, leyes, políticas y prácticas que promuevan, defiendan y aseguren los derechos humanos. Sin embargo, la corrupción, el abuso de poder, la falta de transparencia, los privilegios políticos, los prejuicios y la politización han venido a crear en la población un freno y deterioro sistemático al cumplimiento de los derechos humanos; esto ha afectado las diferentes instituciones del Estado, incluyendo las de salud y educación, dos que son primordiales para el desarrollo de un país. La adopción, protección, garantía y respeto de los derechos humanos debe ser prioridad para todos los estados que son parte de convenios internacionales en la materia.
Asimismo, los gobernantes han decidido tomar medidas de prevención consistentes en suspender derechos y/o garantías constitucionales para proteger la vida de sus ciudadanos mediante el aislamiento social, la cuarentena y los “toques de queda”. Estas acciones evidentemente ponen en riesgo los derechos humanos y es obligación de los estados tomar medidas urgentes para restaurar estas libertades constitucionales. También es vital evitar la arbitrariedad y la discriminación de los grupos más vulnerables, dado que la situación actual alrededor del mundo no se encuentra nada alentador y el efecto en estos grupos es mucho mayor; es necesario que las medidas de prevención que los distintos gobiernos tomen actúen en conjunto con organismos de derechos humanos para resguardar la vida y dignidad de todos por igual y generen el disminución de la discriminación, la estigmatización, el racismo y la xenofobia.
Si en tratados internacionales y en nuestras constituciones, han establecido que el fin supremo de la sociedad y el estado es la persona humana, entonces asegurar la inviolabilidad de la dignidad humana debe ser el objetivo principal de los estados en crisis mundial, garantizando el goce a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la libertad, la libre expresión y acceso a la información pública, la justicia, la igualdad y el bienestar económico que se acople a las necesidades básicas. Asimismo, el estado debe tomar una postura humanista para sobre llevar las arduas tareas que está destinado a cumplir y garantizar, que hasta el momento los poderes públicos han limitado la injerencia de participación ciudadana y organizaciones de sociedad civil, descuidando rotundamente los derechos humanos y la posibilidad de conocimiento transparente de las actuaciones realizadas para combatir esta pandemia. Nuestros derechos no son algo que se pueden sacrificar, mucho menos en tiempos de crisis.
José Luis Irías es Abogado egresado del Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, es Coordinador Local Tegucigalpa en Estudiantes por la Libertad Honduras, Miembro de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y Voluntario en Transparencia Electoral. Ha participado en diferentes capacitaciones a nivel nacional e internacional en temas de política, derechos humanos y anticorrupción. Actualmente sigue preparándose profesionalmente para ayudar a construir un país libre, justo y democrático.
