Después de 13 años de prohibición, las mujeres hondureñas siguen en la lucha por la permisión de la distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), en un país donde una mujer reporta ser abusada sexualmente cada tres (3) horas; en un país en donde el 53,4% de las víctimas de violación tienen entre diez (10) y diecinueve (19) años, y el 11,7% son niñas menores de diez (10) años. A pesar de que en el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro se propuso “facilitar la distribución, venta y uso de la PAE que permite interrumpir la fertilización en sus primeras horas”, el Ministro de Salud, José Manuel Matheu indicó en un foro sobre la lucha contra el cáncer de mama que la píldora sería facilitada exclusivamente en casos de violación, explicando que, a pesar de tener un compromiso con las mujeres, “su fé es suya; y no se negocia”; por lo que se le fue consultado a un obispo sobre la decisión – en un gobierno que supone ser laico.
Matheu insistió que “no se aprobó para su uso general para todas las mujeres porque no es un método anticonceptivo, aunque lo discuta la gente. Yo estoy ahorita entre dos fuegos, entre los que dicen que no se use para nada y los que dicen que se use para todo”; aún cuando se ha comprobado científicamente que la PAE es efectivamente anticonceptiva y no abortiva. En este sentido, se cuestiona la compatibilidad entre su política de salud reproductiva y la administración gubernamental.
Cabe recalcar que Honduras es el único país en América Latina que prohíbe la venta, promoción, uso y compra de la PAE. Y contar con ella solamente en casos de violación, equivale a no tenerla. Hay que tomar en cuenta de que en los casos de violación, el 33% de los agresores son familiares, el 28% conocidos y el 15% parejas. Las mujeres corren más peligro en los espacios en donde se supone que deberían estar en más seguridad, y Honduras cuenta con una ausencia de un protocolo de atención para las víctimas de violencia sexual eficiente. En este sentido, la exclusividad de la pastilla del día siguiente para los casos de abuso sexual, más que ofrecer una solución, violenta los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres. La mayoría de casos de violación se dan dentro de
familias en las que el agresor es frecuentemente la cabeza del hogar; por tanto,
poner una denuncia se dificulta, y más cuando no hay protocolos eficaces que
hagan a la mujer sentirse lo suficientemente en confianza para hablar. Esto, sin
mencionar los casos de abuso sexual en la ruralidad hondureña, en donde niñas
son obligadas a ser madres de hijos que son fruto de incesto, y la opción de
denuncia es casi inexistente.
La PAE es un derecho para todas: no es propulsora de un desenfreno sexual,
pues, se entiende por su nombre que su uso es de emergencia. Es decepcionante
que aún a estas alturas, nuestras voces sigan sin ser escuchadas, y nuestros
derechos, puestos en tela de juicio.
Nota: Las palabras contenidas en el presente artículo representan exclusivamente la opinión del autor. El Milenio es una organización no partidaria y sin afiliación ideológica.
