Coautores: Camila Méndez, Eva Valeriano, Luis Gomez, Niky Castaño y Reyna Chávez
[su_divider]
En las últimas décadas, en América Latina hemos presenciado escándalos de malversación de caudales públicos, los cuales, regularmente, se habían destinado para el desarrollo de la economía, la salud, o la educación pública. Esto ha conducido a los latinoamericanos a crear, dentro de sí, un gran sentido de desconfianza hacia la administración pública, el uso de dichos fondos, y sus gobernantes. América Latina se pregunta, si realmente, el pueblo es la prioridad de sus jefes de Estado. En términos generales: ¿están siendo suplidas las necesidades básicas del pueblo? De no ser así, ¿Sabemos, con precisión, en que se está utilizando el presupuesto designado?
La transparencia fiscal es el acceso que, una sociedad, tiene a la información fiscal de manera completa y confiable. Por lo cual, requiere que los gobiernos publiquen su estructura y funciones, contabilidad, política fiscal y, proyecciones. Por lo tanto, es importante saber, con exactitud, el costo- beneficio de cada una de las actividades. Es deber de los gobiernos actuar con transparencia y responsabilidad, para el buen uso de los fondos nacionales. Sin embargo, todo gobierno debería someterse a la rendición de cuentas, esto permite que se genere, en la población, certeza y seguridad del gasto y los presupuestos del sector público. En tanto al gobierno se le exija la rendición de cuentas, les corresponde a los entes de control y también a la sociedad hacer parte en la veeduría, análisis y auditoria de la administración de los recursos.
Oscar Oszlak, investigador titular del área política y gestión pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), reconoce que, para alcanzar que un gobierno priorice la transparencia, se deberían hacer modificaciones profundas en las estructuras burocráticas, para garantizar la eficiencia y lograr, como resultado, un gobierno honesto. El PhD en Ciencias Políticas nos demuestra como el acceso a la información pública le permite a un pueblo incidir en la toma de decisiones de su país. Sin embargo, requiere del compromiso de un gobierno dispuesto a cambiar sus formas y su estructura. Sobre todo, se requiere a una sociedad civil dispuesta a exigir la rendición de cuentas al gobierno con respecto al gasto público y la administración de los recursos escasos de nuestras naciones.
Durante la pandemia del Covid-19, en Honduras, la población vive en una constante incertidumbre, de la administración de los fondos que han sido aprobados, mediante decretos de ley, por el pleno de la Republica. Dichos fondos rondan los $4,000 millones, de los cuales, solamente $600 millones provienen de financiamiento y donaciones. ¿Cómo Honduras, con un presupuesto que supera el de cualquier otro país de CA tiene una tasa de mortalidad del 8,9%? Es un hecho que, los fondos no están siendo utilizados de manera idónea o los recursos no están llegando a las manos de quienes están en primera línea, luchando contra los casos del Covid-19. Seria indignante comparar la situación de Honduras con la de Costa Rica, la cual su tasa de mortalidad no supera el 0,9%, con un presupuesto sumamente inferior al de Honduras. Siendo, Costa Rica, un país que, en tiempos de esta pandemia, ha sido pionero en el tratamiento de casos de infectados por coronavirus y ha logrado, dentro de los parámetros de bioseguridad, no detener su economía, en su totalidad, como lo han hecho la mayoría de los países de América Latina.
Los procesos de transparencia fiscal no se pueden, ni se deberían, obviar en ninguna circunstancia. Al contrario, se deberían agilizar los procesos para tener respuestas inmediatas, para que, en estos tiempos de crisis, se pueda atender todas las necesidades sanitarias, económicas y sociales de nuestros pueblos. Es por eso, que se incita a que la sociedad civil cumpla un rol, de mayor importancia, en este proceso de transparencia fiscal. La sociedad civil en conjunto con entidades internacionales debería de ser los principales auditores de la administración de los recursos aprobados por el Congreso Nacional de cada país. Asegurando con esto, un uso eficiente de los fondos nacionales y la distribución idónea
para los sectores más vulnerables. Incitamos, de igual manera, que los gobiernos pongan a disposición portales de transparencia en los cuales rindan cuentas de los gastos y presupuestos, los cuales deben ser entendibles, claros y precisos, ya que todos debemos y merecemos tener acceso a dicha información, así como lo declara la ley de transparencia y acceso a la información pública.
Tal como fue mencionado por Kofi Annan, séptimo Secretario General de las Naciones Unidas, “Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable que actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de este.” Por lo tanto, deberíamos contemplar el hecho que, si queremos que haya una respuesta expedita, pero, ante todo, eficiente, necesitamos que nuestros gobiernos actúen de forma eficaz, transparente, responsable y, confiable. Todos debemos formar parte de este proceso de transparencia fiscal en América Latina, cumpliendo con nuestro papel dentro de la sociedad y exigiendo a nuestro gobierno lo que, por ley, nos corresponde. Es momento de hacer cambios, reinventarnos como sociedad y adquirir nuevas y mejores prácticas para que, cuando salgamos de esta pandemia, tengamos países más justos y dignos para todos y todas.
