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Te invitamos a que le des retroalimentación a esta propuesta!

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¿Cuál es el problema que esta propuesta desea resolver de forma puntual?

Según la Novena Edición del Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERICS-SJ), la desconfianza hacia el Congreso Nacional, para 2018, ascendió a 86.3% de la población hondureña, por delante de la Corte Suprema de Justicia (82.2%) y del Poder Ejecutivo (82.1%). El Congreso ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por la aprobación de legislación en procesos opacos y poco transparentes. El Índice de Estado de Derecho 2020 (Rule of Law Index), el Congreso fue la institución peor evaluada en la categoría de “Ausencia de la corrupción”, con una puntuación de 0.09/1 (siendo 1 la mejor evaluación). Asimismo, el Índice explica que, en términos de Gobierno Abierto, Honduras obtiene una calificación de 0.30/1 en la publicidad de la ley y datos gubernamentales, en la que se mide específicamente la publicidad, calidad y accesibilidad de los proyectos de ley. la legislación nacional y sobre la protección de los derechos fundamentales. 

¿Por qué se cree que este problema es de relevancia para Honduras y sus habitantes?

La función parlamentaria, ejercida por el Congreso Nacional, consiste no solo en la creación, reforma y derogación de las leyes del sistema jurídico, sino también en el ejercicio del rol representativo que conlleva la elección del diputado o diputada en un proceso electoral. La imposibilidad para la ciudadanía de acceder a información sobre el funcionamiento del Congreso Nacional, entre ellas, la asistencia de los diputados propietarios y suplentes, el número y estado de los proyectos presentados, los borradores de dictámenes discutidos en las comisiones del Congreso, un repositorio de la legislación nacional actualizada, entre otros; conlleva un decrecimiento paulatino en la confianza hacia el Congreso Nacional, de la mano de un desconocimiento de la ciudadanía sobre la legislación – de obligatorio cumplimiento –, la generación de un terreno fértil para actos de corrupción, y la dispersión legislativa de las normas jurídicas del país. Es decir, la ley exige que nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero casi nadie tiene acceso al contenido de la ley y las actuaciones de sus representantes.

¿Cómo se propone la solución de este problema?

En mayo de 2018, se suscribió la Declaración de Estado Abierto, que dio nacimiento al IV Plan de Acción de Estado Abierto. En el VIII compromiso, el Congreso Nacional asumió la obligación de transitar hacia “un Congreso Abierto con mayor apertura a la rendición de cuentas”. No obstante, a la fecha, el Congreso no ha dado inicio – y por tanto, cumplimiento – al compromiso. El compromiso menciona que, entre los actores de interés involucrados en su cumplimiento, se encuentra la sociedad civil. Por ello, la propuesta de Parlamento Abierto en Honduras, puede formularse en el marco de un diálogo entre sociedad civil y diputados al Congreso Nacional, pudiéndose materializar en forma de reglamento adoptado por el pleno de diputados del Congreso, o por resolución de la Junta Directiva del Congreso Nacional. En la regulación, se establecerían los parámetros mínimos que serán de obligatorio cumplimiento para el Congreso Nacional, cuya elaboración deberá contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

¿Cómo se planea financiar la propuesta o hacerla factible? 

Tomando en cuenta que hay una variedad de organizaciones de sociedad civil que incluyen, entre sus áreas de trabajo, la formulación de políticas de transparencia en la administración pública, la función parlamentaria y judicial, la elaboración de la propuesta requeriría el conocimiento y buenas prácticas desarrolladas por los actores mencionados. Una vez que el Congreso Nacional asuma su discusión y aprobación, su habilitación formal se debe desarrollar en el marco del portal digital del Congreso, así como la determinación de un monto presupuestario, adicional al asignado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para su ejecución. 

A manera de ilustración, se ilustran los avances de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile:

Te invitamos a que le des retroalimentación a esta propuesta!

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Abogado in fieri por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Miembro del equipo de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. Egresado del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. Columnista en diario La Tribuna. Apasionado por la buena política y el deporte.

Rafael Jerez
Rafael Jerez

Abogado in fieri por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Miembro del equipo de investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras. Egresado del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. Columnista en diario La Tribuna. Apasionado por la buena política y el deporte.

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