Desde su creación a inicios de los años 2000, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) surge ante la necesidad de que existiera un órgano dentro de la estructura estatal que combatiera mediante la implementación de políticas de prevención e investigación el creciente fenómeno de la corrupción. Después del fin del siglo XX, se pensó que culminaría para la historia del país un clima marcado por gobiernos de militares y civiles, que envueltos en el manto de la inmunidad que les generaba la impunidad, se encargaron de hacer del tesoro público su chequera personal, dejando en las ruinas las pocas instituciones encargadas de generar proyectos sociales en favor de la población más necesitada. El proceso de transición a la democracia de los 80 generó la esperanza que los problemas estructurales para esa época tomarían un rumbo diferente, ya que se esperaba, como en todos los países de la región, que el sometimiento a la democracia como la mejor forma de gobierno crearía el ambiente propicio para sacar del subdesarrollo al país, y por ende generar mejores condiciones de vida a los ciudadanos.
Sin embargo, las esperanzas se desvanecen ante el retorno de los gobiernos civiles luego que las estructuras políticas partidarias tradicionales se encargaran de continuar con su práctica que ha perdurado ya por más de 100 años de gobierno: saquear el Estado y debilitar sus instituciones, instaurando una Seudemocracia; en la cual han utilizado la estructura estatal para fabricar los tan sonados escándalos de corrupción, El botín de guerra, el Banana Republic, el documentazo, Taca, Jet-Sahsa, CONADI, el Bananagate, el Lechazo, el visazo, el Chinazo, la quiebra de bancos, el gasolinazo, el avionazo, y muy recientemente se han sumado a esta interminable lista de escándalos de corrupción el Trans-450, el caso de IHSS, el saqueo a la secretaría de salud, que han sacudido y estremecido la palestra pública nacional.
Todo este gran latrocinio al tesoro nacional ha generado que hoy más del 60% de la población se esté muriendo de hambre al borde del colapso, y ello en parte porque nos han quitado la esperanza de tener un Estado que nos ofrezca todas las condiciones necesarias para desarrollarnos como seres humanos dignos. Hoy vemos cómo la corrupción ha llegado a niveles nunca antes imaginados. Según el informe del latinobarómetro de las américas del 2017, este fenómeno para el caso de Honduras según la percepción ciudadana estaría ocupando el tercer lugar en cuanto a los problemas que los ciudadanos identifican, sólo por debajo del problema económico que se encuentra en primer lugar y el de seguridad como segundo lugar; llevando a la ciudadanía a un desencanto político al darse cuenta hacia donde son destinados sus impuestos. Pero no a todos los actores han podido debilitar, ya que el papel que ha comenzado a jugar el CNA para ganar la lucha contra la corrupción a los corruptos ha comenzado a dar buenos resultados desde el 2014, presentando más de 73 líneas de investigación con un impacto social de más de 3 mil millones de lempiras; una cantidad de dinero con la que se hubiese podido mantener a 16 hospitales de toda la república más los centros de salud y cubierto necesidades de medicamentos por más de dos años.
El CNA nos ha devuelto la confianza de que aún existen en el país instituciones que trabajan por señalar a los corruptos /as, hacerlos desfilar por los tribunales de la república y que no sigan cometiendo sus fechorías sin nadie que los evidencie. Gabriela Castellanos junto a su equipo de trabajo, ha convertido al CNA en parte de la poca reserva moral institucional que nos queda ya que, desde su creación y por más de una década, se generó la percepción entre la ciudadanía de ser esta institución un elefante blanco como muchas instituciones de la estructura estatal; Percepción que cambiaría por completo con la llegada de Gabriela Castellanos en diciembre del 2013, dándole una batalla frontal a la corrupción.
Ante los buenos resultados del CNA se hace necesario también exigir la existencia de un Ministerio público (el cual tiene las facultades para presentar los requerimientos fiscales) y un Poder Judicial que dejen de ser promotores de Impunidad, cumpliendo lo que manda la Constitución y la normativa jurídica nacional, de lo contrario las denuncias efectuadas producto de las líneas de investigación solamente quedarán en rumores de pasillos. Así mismo, es importante que los ciudadanos nos involucremos y acompañemos a esta institución en su caminar, no permitiendo su politización partidaria, o los intentos de desestabilizarla, así como, animarlos a que sigan investigando y denunciando la macro corrupción de las grandes ligas; que es gran medida esta dimensión de la corrupción que más daño nos ha causado.
Estudiante de la carrera de Derecho y de sociología ( carrera simultanea) en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y coordinador del Comité Juvenil por la Democracia.
