La más cruel, vil y despiadada de las bofetadas se dispuso a impactar en la sociedad hondureña, como si de una pesadilla se tratase. En una nación cuya historia se ha visto trazada por el más puro linaje de corrupción e impunidad, el 2014 llegaba y consigo traía una noticia aciaga, había sido saqueado el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En concreto, unos 7 mil millones de lempiras o lo que vendría a ser su equivalente 335 millones de dólares cuyo paradero era desconocido al igual que el del ex director del IHSS, Mario Zelaya Rojas.
Enfermedades sin atención profesional e insumos médicos, dolor, desesperación y muerte azotaron a los hondureños abandonados por un sistema de seguridad social víctima del latrocinio, incapaz de hacer frente al descalabro financiero que para el día 28 de mayo del 2015 ya había cobrado la vida de más de 3 mil hondureños. Estas lamentables cifras constituyeron el principal hecho que generaría una reacción lógica, que nacería en el seno del principal afectado: el Pueblo, mismo que originalmente detenta la soberanía en un país.
Es así como un grupo de personas iniciaron a identificarse como “La Oposición Indignada” y se organizaron con el motivo de exigir justicia. Para tratar de lograr su cometido, la primera acción fue convocar para el día 29 de mayo a la población capitalina, misma que asistió a la movilización portando antorchas. Esta práctica fue replicada en todo el país bajo el nombre de “La Marcha de la Antorchas”, repetida cada viernes de manera religiosa, siendo tan concurridas que producirían un eco sin precedentes como país a nivel internacional. El caso de Honduras, así como el de Guatemala y Brasil, recuerda que la tensión producida por la ciudadanía es, en estos casos, esencial para modificar las prácticas de dominio que nos someten.
Simultáneamente, los autores creen que la responsabilidad de transformar y reconciliar la sociedad no es exclusiva de la persona en las calles. Así, desarrollando lo expresado por el ex presidente de la Corte Constitucional Sudafricana, Pius Langa, es necesario, en igual o mayor proporción, que el compromiso judicial se acople con reformas legislativas y un apropiado accionar ejecutivo. Pues solo cuando las tres cabezas del leviatán conocido como “Estado” operan de forma armónica e independiente es que la variedad de problemáticas que arremeten en nuestra contra se pueden erradicar.
Es así que, 4 años antes de la publicación de este escrito, el 19 de enero de 2016, desde Washington D.C. la esperanza se dio un paseo por tierras catrachas, nacía un ente internacional de cooperación que se conocería como: “Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad” (MACCIH). Este nuevo organismo haría historia al convertirse en el primero, a nivel de la OEA, enfocado en combatir la corrupción y la impunidad en uno de sus Estados miembros. Su conformación fue multicultural; ya que contó con fiscales hondureños pero también con personal extranjero que brindó una mayor imparcialidad, credibilidad y seriedad ante la opinión pública.
No obstante, es necesario mencionar que la MACCIH desde sus inicios supo demostrar que estaba en óptimas condiciones para combatir cualquier tipo de corrupción, inclusive la que se gestara en el marco de las más altas esferas de poder en Honduras. Pues desde su llegada, en marzo de 2016, se involucró en casos laberínticos, como ser el del IHSS, debido al modus operandi de los victimarios.
Por otro lado, el reto era grande. Para poder afrontar el mismo en el convenio de creación se estableció la creación de cuatro unidades que funcionarían como áreas temáticas: la de prevención y combate a la corrupción, que vendría a representar el corazón de la misión; la reforma de la justicia penal, que buscaría asegurar el acceso a la justicia; reforma político electoral, para evitar el financiamiento ilícito e ilegal de campañas y, finalmente; seguridad pública, cuya misión seria mejorar el sistema nacional de seguridad ciudadana.
La MACCIH a través de su multilateral línea de investigación y paciencia comenzó a dar frutos: en su corto tiempo logró más condenas que su homólogo guatemalteco, que tuvo más de una década de funcionamiento. Parte de las investigaciones promovieron, entre otras cosas, el procesamiento de 133 personas como “Rosita” de Lobo, en el caso “La Caja Chica de la Dama”; Mario Zelaya, anteriormente mencionado; y la judicialización de 14 casos de corrupción como los referenciado en este mismo párrafo.
A pesar de ello, prevaleció la cuestionable voluntad de la clase política hondureña pues de la decena de propuestas legislativas realizadas por la Misión, la mitad quedaron en el tintero; entre las mismas se encuentran la Ley de Procesamiento de Altos Funcionarios, una nueva Ley del Seguro Social, la Ley de Colaboración Eficaz, una novedosa Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional que respete el derecho humano de acceso a la información pública, y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas para esclarecer la competencia del Ministerio Público en la investigación de delitos de enriquecimiento ilícito.
Es por ello que decepciona, pero no sorprende, el hecho de que la renovación del convenio para mantener a la MACCIH en funcionamiento no sucediese. Y es que a pesar de las estrategias y tácticas para debilitar a la Misión estructuralmente a partir de alteraciones en el convenio de renovación, los delegados gubernamentales se encontraron con el equipo de la OEA que no pensaba ceder las pocas atribuciones que en ese entonces detentaba aquella. De esta forma, la decisión, ajena a la voluntad popular, parece obvia al equipo de delegados: erradicar a la MACCIH el día 17 de enero de 2020.
Ahora, si bien el Gobierno en su comunicado oficial “reitera su compromiso en el combate a la corrupción y la impunidad”, ¿qué tan probable es ver ese deber cumplido? Pues, como dice el refrán multilingüe, el averno está pavimentado con buenas intenciones. Las posibilidades de que la corrupción e impunidad sean combatidas por las instituciones estatales son ínfimas ya que, históricamente, es desde estas mismas que dichas figuras se materializan, dispersan y respaldan en nuestra sociedad.
Lamentablemente, las instituciones de Honduras no están listas, probablemente tampoco estén dispuestas, para lidiar con la corrupción y la impunidad. Esto representa para el pueblo hondureño un craso error para el Estado de derecho, pues no solamente se trata de las cuestiones que se pretendían combatir, sino también de las consecuentes violaciones de derechos humanos que ellas conllevan: vida, salud, integridad personal, acceso a la justica, el respeto por los derechos políticos en general, entre otros preceptos reconocidos por las leyes, la Constitución de la República y los distintos instrumentos internacionales en la materia ratificados por el Estado de Honduras.
La corrupción nos cubre de oscuridad. El pueblo se iluminó con una masiva antorcha en 2015. Otros millares de hondureños nos prestamos para, nuevamente, mantenerla enhiesta.
¿Algún día se liberará este soberano Pueblo?
¡Será nuestra propia voz la que lo decida!
Joel Alberto Andino Barahona es un destacado estudiante de la Facultad de Ciencias jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde es miembro fundador del Movimiento Generación Organizada. Su compromiso, capacidad de razonamiento y argumentación; ademas de su habilidad para dibujar y pintar, le han valido para hacerse con múltiples reconocimientos en elaboración de discursos, dibujo y pintura. Ha sido participante en la competencia de Juicios Simulados en Materia de Derechos Humanos "Moot Court - UNAH", desea especializarse en Derecho Civil y Derecho Constitucional.
